Desclasificación de documentos...

 ¿Para qué sirven los archivos?

Voy a volver a meterme en camisa de once varas. El alumnado del MBAD sabe que el área de archivística no era de mi competencia. Aún así he redactado alguna que otra entrada con esta etiqueta. Y lo que me lleva a volver a hacerlo es la incomprensión de lo que sucede en nuestro país con los documentos clasificados y que, también en eso, nos hace diferentes a otras naciones. No creo que Gran Bretaña tenga menos cuidado con su documentación sensible y, sin embargo, el material más oscuro sobre el conflicto de las Malvinas (1982), tan presente en la memoria colectiva británica, y con mayor motivo en la argentina, está a disposición de investigadores e historiadores que quieran consultarlo.

 Incluso los EE.UU., que tienen cercado a Assange por difundir "secretos",  permite que se metan las narices de quienes estén interesados en investigar en qué medida Nixon y Kissinger colaboraron en el derrocamiento del democráticamente elegido gobierno de Salvador Allende, aunque ello pueda ser un baldón en la historia de su país para muchos de sus conciudadanos. ¿Qué sucede pues en España para que documentación referente a hechos tan lejanos ya en el tiempo como la guerra de Ifni (1958), o el conflicto civil del 36 no puedan ser consultados por tratarse de documentación "sensible"? ¿Sensible para quién? ¿Para el Ejército, que necesita mantener intachable sus actuaciones a pesar del tiempo transcurrido?

Parece que hay una Ley de secretos Oficiales de 1968 que permite que un documento sufra cerrojazo para siempre, a menos que el Gobierno lo desclasifique, y eso que de al gún modo contraviene una Ley Reguladora del Patrimonio Histórico Español que estable los 50 años como tope para que una información pase a estar a la disposición de los investigadores.  En la práctica, lo que estas personas encuentran en sus búsquedas es que la deseada información y su posible recuperación dependen de la arbitrariedad de quienes la custodian. Ello se debe seguramente a ese espíritu patrimonial de los ministros de defensa, que suele ser un espíritu opaco por cuanto, según declaran, determinadas informaciones pueden afectar a la seguridad nacional y ello a pesar de que, por las fechas o por el asunto del que los papeles traten, sean cuestiones absolutamente periclitadas. Y así se encuentran más 10.000 documentos históricos anteriores a 1968, inaccesibles a un grupo de historiadores que han solicitado su desclasificación. ¿Cómo se entiende?

No sé si habrá también un diferente concepto del papel que los archivos históricos deben jugar en una sociedad democrática y moderna, ahora que tanto se habla de la necesidad de la transparencia. Se olvida tal vez que estos lugares deben prestar un servicio público, ya que sus guardeses son meros custodios que a lo único que se debían dedicar es a su clasificación, ordenación, mantenimiento y puesta a disposición de quienes los reclamen. Para ello lógicamente se requieren medios materiales y humanos, y algo que no depende del dinero que se invierte, siempre poco, sino del necesario cambio de la mentalidad de los responsables, que parece seguir anclada en tiempos tristemente pretéritos.

José Manuel Mora.

P.S. Y dejo para otra entrada la triste noticia de la amenaza de desaparición del MBAD.